A partir de los 65 años de edad, el 40 % de la población de América Latina no tiene seguridad social, según la Cepal
MÉXICO, jun (Xinhua) — Un 40 por ciento de la población de 65 años y más no cuentan con seguridad social en América Latina, una región donde la población está envejeciendo de forma acelerada, afirmó Sandra Huenchuan Navarro, de la sede subregional de la Cepal en México.
Al participar en el seminario «Los derechos humanos de las personas adultas mayores en México», en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Huenchuan Navarro señaló que este fenómeno ocurre en un escenario donde todavía existe desprotección.
«La seguridad social no está garantizada para todos y hay heterogeneidad; por ejemplo, hay países con muy baja cobertura, como Colombia, con 26 por ciento en 2015; Guatemala, con 19 por ciento, u Honduras, con 10 por ciento», indicó la representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Además, dijo, las necesidades de las personas mayores van en aumento, pues incrementa la prevalencia de discapacidad severa en esa población.
«También hay que atender su salud mental, y un tema emergente es el cuidado de largo plazo», indicó la especialista.
Por ello, Huenchuan Navarro resaltó que es un reto central llevar a la práctica la protección de los derechos de esa población en un contexto de «elevada desigualdad, donde también hay otros grupos sociales muy desprotegidos, como los jóvenes».
Asimismo, se refirió a la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, pues se cumplirán cuatro años de su aprobación y contiene derechos emergentes, vigentes y extendidos.
«En los primeros derechos se ubica el derecho a la vida y la dignidad en la vejez; a la independencia y la autonomía, y a los cuidados de largo plazo», comentó.
La Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores establece cuáles son las obligaciones del Estado con respecto al tema e incluye los cuidados paliativos, además de que se utiliza por primera vez el concepto de género.
Desde 2015, siete países la han ratificado: Uruguay, Costa Rica, Chile, Bolivia, Argentina, El Salvador y Ecuador, pero faltan tres para que se instale el mecanismo de seguimiento, «y eso es un desafío».
«Se trata del primer instrumento referente al tema jurídicamente vinculante, ofrece definiciones, establece obligaciones para los Estados y especifica los derechos humanos», concluyó Huenchuan.
