Por José Francisco Arias

Más que un gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), el que encabeza el presidente Luis Abinader es un gobierno del empresariado tradicional de República Dominicana.

Son hombres y mujeres venidos del sector empresarial los que han sido designados en las más influyentes y determinantes posiciones del funcionariado.

De hecho, Abinader, el propio mandatario, es un político salido de una familia que ha creado y desarrollado empresas en diferentes áreas de la economía dominicana.

La vicepresidenta, Raquel Peña, viene de una familia empresarial de la región del Cibao.

El ministro de la Presidencia (léase bien: ministro de la Presidencia), Lisandro Macarrulla, es un hombre del empresariado; y lo mismo puede decirse del Administrativo de la Presidencia, José Paliza, quien además es el presidente del PRM.

Pero también está el ministro de Hacienda, Jochy Vicente, hombre del empresariado; y esta tendencia la reafirma David Collado, ministro de Turismo, quien fue alcalde del Distrito Nacional en el período 2016-2020 y se tiene como un proyecto presidencial para el 2024 con el apoyo resuelto del empresario Juan Vicini.

Los empresarios dominicanos, hasta hace algún tiempo, se dedicaban a financiar a candidatos o partidos con posibilidades de alcanzar el poder, pero generalmente se mantenía distantes del accionar político.

En el gobierno de Abinader, el funcionariado tiene como sustento estructural una configuración empresarial, y con tal visión opera; y desde las diferentes posiciones que ocupan esos funcionarios promoverán y defenderán los proyectos e intereses de su sector.

Últimamente se ha visto una tendencia de éstos no solo a patrocinar candidatos u organizaciones políticas, sino que se están lanzando como candidatos a diferentes puestos electivos y toman participación como funcionarios en los gobiernos, lo que genera un proceso de desplazamiento de políticos tradiconales.