¿Y los fiscales de los cuarteles…? Por Cristhian Jiménez… En Especial…

¿Y los fiscales de los cuarteles…? Por Cristhian Jiménez… En Especial…

Por Cristhian Jiménez

La sangre que cu­bre el rostro na­cional dificulta ver el alcance de las medidas for­zosamente adelantadas por el gobierno para la moderni­zación de la Policía Nacional.

Y es que son tres vi­das jóvenes truncadas con inexplicable bestial violen­cia, en momentos de cus­todia, “protección poli­cial”, en cuarteles de San José de Ocoa, Santiago y el ensanche Naco, en el Dis­trito Nacional.

Absurdas explicaciones justificativas de las muertes, versiones contradictorias, atajos mentirosos, en fin comportamientos que repi­ten libretos de hace años.

La vocería policial acu­de, en el caso de Naco, a la versión de la autoflagela­ción que coloca en boca de los policías verdugos, pero de inmediato una ruta crí­tica para validar el mamo­treto del “sujeto violento”, con filtraciones editadas para amplificación de los allegados y distorsionar los hechos.

El intento revictimiza­dor eleva el encono social y entonces se desvanece por completo la reduci­da confianza en la institu­ción, lo que impulsa a fa­miliares y ciudadanos al camino de las protestas y reclamos en otro tono.

Richard Báez, José Gre­gorio Custodio y David de los Santos son los tres eje­cutados más recientes de una cadena de muertes que no siempre saltan a la portada de los diarios.

Uno no quisiera pensar que exista una suerte de rencor en cascada jerárqui­ca que tenga como último eslabón al civil, al ciudada­no de a pie. Evidentes com­portamientos de desprecio a la vida humana.

Los fiscales, colocados en la mayoría de centros poli­ciales son los grandes au­sentes y, por omisión (a ve­ces por participación), son cómplices de los desmanes.

En los casos menciona­dos, la procuradora ge­neral, Miriam Germán Brito, expresó “indigna­ción, dolor y vergüen­za” e instruyó a la direc­ción de Persecución que “coordine las investiga­ciones sobre muertes en cuarteles policiales”.

(En medio de las que­jas por el comportamiento policial, la pasada sema­na hubo un fuerte golpe a la creencia en el siste­ma de justicia cuando un tribunal de Villa Vásquez, Monte Cristi, dispuso la libertad de cinco policías adscritos a la DNCD y a una exfiscal, acusados de colocar drogas en una bar­bería, captada en videos y que el país observó indig­nado en 2019. El colmo es que el ministerio públi­co retiró la acusación por supuesta falta de pruebas, ausencia de testigos y por acusación alegadamente mal instrumentada. Se im­pone una rigurosa y ejem­plar investigación, que no he escuchado se haría).

El presidente Abinader que expresó su consterna­ción desde que se divulgó la muerte de David de los Santos y dijo que los res­ponsables serían apresa­dos y sometidos a la jus­ticia, proclamó que hará la reforma policial sin im­portar el costo político que tenga que pagar y ad­virtió que “tomará años”.

El mandatario esta vez se preservó y envió al mi­nistro de Interior y Policía y al Comisionado para la Reforma Policial a dar la cara, y en una rueda en el Palacio Nacional anuncia­ron 14 medidas, entre las que citaron instalación de cámaras en las patrullas y los destacamentos, un centro de monitoreo de los cuarteles en el ministe­rio, que supervisará direc­tamente Asuntos Internos.

También la ratificación y ejecución del Protocolo de la Convención contra la Tortura y Tratos Crue­les de Naciones Unidas que dará acceso a los ciu­dadanos a la justicia inter­nacional.

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, saludó esta úl­tima decisión a cuyo cargo está la vigilancia del trata­do y recordó que en los días previos había remitido una carta al presidente Abina­der en la que señalaba la urgencia del acuerdo.

Hay medidas importan­tes, pero siempre serán in­suficientes en un proceso que requiere años y mu­chos recursos económicos, sin politiquería.

Con firme voluntad po­lítica habrá menos casos de abusos policiales, pero no han terminado…

(Fuente de origen, Listín Diario).

Categories: Opinión

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